EL BULO SOBRE EL CIERRE DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL FRENA EL AVANCE HACIA LA MEJORA DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA TODO EL ALUMNADO

Desde la Plataforma estatal por una escuela extraordinaria, compuesta por ochenta y ocho entidades, muchas de ellas integradas por familias de alumnado con discapacidad, queremos expresar nuestro punto de vista sobre las novedades introducidas en la nueva ley de educación, conocida como Lomloe, en relación con el alumnado con discapacidad.

En primer lugar, hay que decir bien claro que el presunto cierre de los colegios de educación especial no es cierto, puesto que no aparece en ningún punto de la Lomloe. Por el contrario, lo que sí aparece en la disposición adicional cuarta es la obligación de mejorar el sistema educativo común para que en un plazo de diez años se dote a todos los centros ordinarios de los recursos y las condiciones necesarias para atender a cualquier persona, incluidas las personas con discapacidad. Es precisamente la apuesta por mejorar la atención a la diversidad en las aulas ordinarias lo que ha generado la polémica, ya que a algunos propietarios de centros de educación especial les preocupa que las familias puedan optar por mantenerse en la modalidad ordinaria una vez que esta cuente con las condiciones necesarias.

La mejora del sistema educativo incluida en la disposición adicional cuarta responde, además, a un imperativo legal ya que la inclusión en las escuelas ordinarias con los ajustes y apoyos necesarios de todas las personas es un derecho vigente en España desde 2008. Desgraciadamente, este derecho se vulnera sistemáticamente, pues se sigue expulsando de las aulas y de los centros educativos comunes a una parte del alumnado, y otra parte sigue sin recibir los ajustes y apoyos que necesita. La gravedad del asunto llevó a la ONU en 2018 a emitir un informe en el que condenaba España por el incumplimiento del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Desde la Plataforma por una escuela extraordinaria defendemos:

1.   ADAPTAR toda la legislación española en materia de educación para dar cumplimiento firme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008, amparada por los artículos 10.2 y 96 de la Constitución Española y según la cual educarse en el sistema general de educación contando con los ajustes y apoyos necesarios es un derecho.

2.   DISEÑAR e implementar un plan de mejora de los centros ordinarios para todo el alumnado de forma inmediata, priorizando la accesibilidad universal desde el diseño educativo en todos sus ámbitos y la dotación de todos los recursos necesarios.

3.   INTRODUCIR en las leyes educativas una cláusula de no rechazo para que ningún niño o niña pueda ser rechazado por el sistema educativo ordinario y ser derivado a otra modalidad sin el consentimiento expreso de su familia, como lleva sucediendo desde hace décadas.

4.   ENFOCAR las evaluaciones psicopedagógicas al análisis, detección y eliminación de barreras en los contextos educativos comunes y suprimir tanto los dictámenes como las resoluciones de escolarización que conlleven medidas segregadoras.

5.   INICIAR la transición responsable hacia un sistema educativo realmente inclusivo, sin que ello suponga en ningún caso el traslado forzoso de ningún niño o niña del colegio donde esté matriculado actualmente, sea de la modalidad que sea, y asegurando que no se perjudique a nadie en las atenciones y recursos que precise.

6.   PROMOVER el cambio del sistema educativo hacia la inclusión sin que ello suponga necesariamente el cierre de ningún colegio, sino la transformación de su funcionamiento o de la composición de su alumnado.

En definitiva, desde la Plataforma por una escuela extraordinaria consideramos que es imprescindible construir un sistema educativo común de calidad, que dé cabida a todas las personas sin dejar a ninguna atrás. Una escuela inclusiva es imprescindible para lograr una sociedad más justa en la que todas las personas tengan su lugar.

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